El año 2020 está resultando ser un año atípico plagado de sucesos inesperados. Entre todos esos sucesos, uno fue el anuncio del presidente ruso, Vladimir Putin, de la introducción de enmiendas a la Constitución de Rusia, las cuales debían ser aprobadas por la población en un proceso de votación. Tras eso, se produjo la dimisión del gobierno, ante lo cual mucha gente se sorprendió y las grandes redacciones comenzaron a analizar lo sucedido.


En 14 Milímetros publicamos un artículo al poco de conocerse el anuncio, en el que expusimos en qué consistirían las enmiendas entonces anunciadas y qué posibilidades de sucesión y movimientos políticos podrían darse en Rusia. No es sorprendente que la mayor parte de los grandes medios, antes que realizar un análisis en condiciones para su audiencia, prefirieron resguardarse bajo la ya tan típica retórica de reducir y simplificar todo lo que ocurre en Rusia con una frase, en este caso: “Putin busca perpetuarse en el poder”, una retórica repetida hasta ahora. No ha sido hasta hace poco que otras voces han comenzado a explorar la posibilidad de que Putin decida no permanecer en la política, o al menos en la presidencia. Por todo esto, estando ya a unos pocos días del denominado “referéndum”, nos preguntamos: ¿hasta qué punto reforman las enmiendas constitucionales el poder político en Rusia? ¿Podría Putin detentar el mismo poder que hasta ahora pero desde otro puesto? ¿Qué debemos esperar del futuro de la política rusa?

En el artículo de enero ya explicamos en qué consistían las enmiendas entonces anunciadas (se recomienda realizar una lectura del mismo antes de profundizar en este). Con el tiempo se han añadido enmiendas que buscan apelar al voto y convertir el día de la votación en una consulta popular que ayude a dilucidar el grado de la aprobación y continuación del sistema establecido por Putin. Por ello aquí se debe hacer una aclaración. Cuando el texto con las proposiciones a enmiendas fue entregado a la Duma el 20 de enero, el mismo hablaba de un “voto a escala nacional” (общероссийское голосование). El uso de este término es interesante por lo que no es, es decir, el tipo de voto, “vsenarodnoe golosovanie” (referendum), que aparece en el artículo 135 de la Constitución. El referendum se puede utilizar para realizar cambios en los capítulos 1, 2 y 9 de la Constitución. Los cambios que introducen las enmiendas sólo afectan a los capítulos del 3 al 8, y estos no requieren un referendum para entrar en vigor. Al pedir un “voto a nivel nacional”, se pretendía buscar una legitimidad popular a través del voto, sin arriesgarse a los requisitos legales y las consecuencias que podría conllevar un referendum en toda regla. Por ello, a pesar del lenguaje incorrecto empelado a veces, no estamos ante un referéndum, estamos ante un “voto a escala nacional” o  incluso podríamos denominarlo “voto de opinión consultiva”. Lo que se pretende, como se ha dicho antes, es obtener legitimidad popular a favor de las enmiendas, que ya fueron aprobadas por el legislativo, el Tribunal Constitucional y los 85 sujetos federales, tal y como se exige en la Constitución, ahora lo que interesa es que el resultado de la consulta sea positivo y que la aprobación se vea no solamente por parte del poder político y judicial, sino también por parte de la población. Uno de las claves que revela esta práctica es el miedo del Kremlin ha realizar cambios importantes sin tener el consentimiento popular, dejando ver la debilidad de la legitimidad institucional.

Las enmiendas restarán cierto poder decisorio al cargo presidencial en favor del poder legislativo (Duma y Consejo Federal, cámaras baja y alta), el puesto del Primer Ministro y el Consejo de Estado. El plan pretende iniciar un pequeño avance hacia un sistema de poder mixto entre el Primer Ministro y el Presidente. No olvidemos que Rusia tiene desde 1993 un fuerte sistema presidencialista establecido por Yeltsin, si bien los cambios representan un pequeño cambio de esa fuerte tradición, no hay que juzgarlos con la perspectiva de un sistema parlamentario como el existente en, por ejemplo, España, porque no es lo que se busca implementar en el país. Simplemente se pretende allanar el terreno para que un futuro presidente no detente el mismo grado de poder que han tenido presidentes como Yeltsin y Putin, pero a su vez conservando dicho puesto como el de mayor importancia y fomentando la labor de cooperación con los demás entes de poder. 

También se anunciaron una serie de medidas que impedirían el acceso a cargos de poder a aquellas personas que no hayan residido en Rusia durante cierto tiempo y a aquellos que tengan o hayan tenido residencia en el extranjero o pasaporte extranjero, algo aplicable no sólo al ejecutivo sino también a dirigentes territoriales o incluso jueces. Esto afectaría a sectores de la oposición, oligarcas incluidos (afines o no al gobierno), que han residido fuera del país y a su vez afectaría a sus descendientes, ya que es una práctica típica la de enviar a su prole a residir y/o estudiar en el extranjero. Otra prohibición para los que quieran acceder a puestos de poder es la de poseer cuentas y activos en el extranjero. En el caso de los candidatos a jueces, se pueden establecer medidas adicionales.  

Las pretendidas enmiendas buscan establecer un límite inamovible máximo de dos términos presidenciales, evitando que cualquier futuro presidente prolongue su mandato como lo hizo Putin. A pesar de ello, una de las teorías que se comenzó a manejar es que con estas enmiendas constitucionales Putin pretendía reiniciar su mandato presidencial, arguyendo que se trataba de una nueva constitución. Algunos medios y analistas dejaron caer que Rusia y Bielorrusia se unirían (ya fuese por integración o invasión militar) y por ende al resultar un nuevo estado, Putin reiniciaría su mandato. Esto, claro está, no ha sucedido. 

A principios del mes de marzo, se produjo el momento que algunos parecían esperar. Cuando se discutían la aprobación de las enmiendas, la diputada Valentina Tereshkova llevó a cabo un “emotivo” discurso en el que pareció resumir los deseos de otros presentes en la cámara y aconsejó introducir otra enmienda a la lista, una enmienda donde se estipulaba el reinicio del mandato de Putin y que por tanto este podría volver a presentarse a las elecciones presidenciales de 2024 y 2030. Se afirmó que todo se hacía en pos de la estabilidad y la seguridad. Vladimir Putin acudió rápidamente a la sesión y aceptó la inclusión de la enmienda, algunos parlamentarios parecían oponerse a votar a favor a menos que se incluyese. La situación, en verdad, fue extraña y no dejó en buen lugar a las autoridades. Es por esto que el momento fue aprovechado por diversos periodistas y analistas para reafirmarse en que “ya lo habían avisado”, asegurando que todo era parte de una puesta en escena para que el presidente ruso permaneciese en el poder. Algunos sectores de la oposición llegaron a hablar de “golpe de estado”, arguyendo que nada cambiaría y que el actual presidente gobernaría el país quizás hasta su muerte, lo cual reforzó la retórica que hemos estado escuchando hasta ahora. 

 

 

 

 

En realidad, la situación no se puede analizar de una manera tan simple, hay que indagar más. En primer lugar, podríamos argüir que el presidente ruso, al igual que había hecho con anterioridad, negó que continuaría en la presidencia. En marzo afirmó que no encabezaría el Consejo de Estado porque eso crearía una situación de diarquía. No obstante, esto no garantiza nada al cien por cien, Vladimir Putin es bastante pragmático y suele cambiar de opinión. Dejando de lado las declaraciones, centrándonos en los hechos y leyendo las enmiendas, una de las posibilidades ya exploradas es que Putin ocupe un puesto en el Consejo de Estado. Este Consejo está compuesto por el presidente, los distintos enviados plenipotenciarios a las regiones, los dirigentes de los sujetos federales, los portavoces de las cámaras del legislativo y los líderes de los partidos políticos presentes en el parlamento (Duma). Hasta ahora este órgano tenía un poder consultivo pero con las enmiendas pasará a ser un órgano más consolidado y trabajará coordinándose con el ejecutivo y el legislativo, estableciendo las líneas generales de la política interna y externa del país y las áreas prioritarias como el desarrollo socioeconómico. A pesar de ello, esto no significa que vaya a estar por encima de la presidencia ni del legislativo.

En concreto, el texto de la enmienda afirma (Capítulo 4º, Presidente de la Federación Rusa, artículo 83 punto e5)

“El Presidente de la Federación Rusa forma el Consejo de Estado de la Federación de Rusia con el fin de garantizar el funcionamiento coordinado y la interacción de las autoridades públicas, determinar las principales direcciones de la política nacional y exterior de la Federación de Rusia y las áreas prioritarias de desarrollo socioeconómico del estado; el estatus del Consejo de Estado de la Federación de Rusia es determinado por la ley federal “. 

Figuras de la oposición como Yavlinski, en este caso del entorno del partido liberal Yablokó, o Dmitri Gudkov han criticado las enmiendas referidas al Consejo de Estado afirmando que conducen a la concentración del poder en manos de una sola persona. Esto es incorrecto, hay que añadir que el artículo 11 de la Constitución no será objeto de modificación. Dicho artículo establece que el poder estatal en la Federación Rusa es ejercido por: 

“El Presidente de la Federación Rusa, la Asamblea Federal (Consejo Federal, Duma Estatal), el Gobierno de la Federación Rusa y las Cortes. El poder estatal en las entidades constitutivas es ejercido por los cuerpos de poder estatal que lo forman.”

El Consejo de Estado, como es obvio, no es nombrado y eso es porque la formación de dicho órgano continúa dependiendo, como se ha expuesto con anterioridad, de la Administración Presidencial. El propio decreto que estableció el Consejo de Estado especifica que el estatuto del mismo es aprobado por el Presidente del país. Aún en el caso de que el decreto se reformase tras la votación del 1 de julio y el Consejo de Estado llegase a ser presidido por una persona distinta al Presidente del país, este último continuaría siendo el que decide y aprueba la formación y la agenda del Consejo de Estado. Es por ello que afirmar que Putin podría dirigir de igual manera que hasta ahora los designios de Rusia desde el Consejo de Estado (por separado del Jefe del Estado) no parece factible, ya que dicho órgano continuará subordinado al Presidente del país. En todo caso, podríamos especular sobre el grado de influencia en la relación interpersonal que Putin podría ejercer sobre el próximo Presidente de Rusia, ya sea a través del Consejo de Estado (influenciando al legislativo) o desde el partido Rusia Unida (influenciando al Gobierno). No obstante y por ahora, eso queda a la imaginación de cada uno.  

Como se ha dicho, la posición del Presidente se debilita en favor del Primer Ministro y el legislativo. Actualmente Rusia cuenta con 21 ministerios federales, los cuales son propuestos por el Primer Ministro y designados por el Presidente. Con las enmiendas en efecto, la Duma (cámara baja) será la encargada aprobar a los candidatos ministeriales propuestos por el Primer Ministro con excepción de 5, que son: Defensa, Interior, Exterior, Justicia, Emergencias y prevención de desastres naturales. Estos 5 puestos serán ocupados por personas designadas por el Presidente tras consultarlo con el Consejo Federal (cámara alta) y aunque formen parte del gobierno del PM, responderán ante el Presidente. Se reserva también al Presidente el nombramiento del líder de los Servicios de Seguridad (FSB) y de la Seguridad Pública, tras consultarlo también con el Consejo Federal. 

Por tanto, en total 16 ministerios responderían ante el Primer Ministro, quien a su vez será elegido por la Duma. El Presidente no tendrá derecho a evitar el nombramiento de ministros aprobados por la Duma. No obstante, hay que destacar que con 5 ministerios clave y los Servicios de Seguridad bajo mando Presidencial, éste último todavía tendría un poder considerable sobre el devenir político del país. 

En temas como justicia, el Consejo Federal mantendrá el poder de decidir la aprobación y destitución, siempre a propuesta del Presidente del país, de los fiscales generales, presidente y vicepresidente del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia así como de los jueces miembros del mismo y los altos cargos de otros tribunales como los militares. 

Un cambio algo importante tiene lugar respecto a la aprobación de leyes federales y el veto del Presidente. En el sistema vigente, el poder de legislar corresponde al Presidente, Gobierno y las cámaras del legislativo, así como al Tribunal Constitucional y otras grandes cortes en asuntos que les competan. Las leyes se deben aprobar en la Duma y el Consejo Federal, una vez aprobadas allí, se envían al Presidente, que tiene 14 días para dar el visto bueno final o rechazarlas. En el caso de que el Presidente rechace el contenido de una ley, la Duma y el Consejo Federal podrán reconsiderar el texto de la misma o votar de nuevo el texto rechazado. La ley saldrá adelante (en su formato primero) si cuenta con el apoyo de al menos dos tercios de los votos en ambas cámaras y se enviará al Presidente para que la firme, sin posibilidad de que este se niegue. La modificación en cuestión consistirá en que a partir de ahora, cuando el Presidente recibe la ley, dentro del periodo especificado de 14 días, puede presentarse ante el Tribunal Constitucional, que verificará la constitucionalidad de la ley o la rechazará. En el caso de que la confirme, el Presidente la firma y sale adelante, en caso negativo, se devolverá a la Duma. Esto conlleva que ahora el legislativo no puede pasar una ley en segunda votación, ya que el Presidente podría bloquearla en el Tribunal Constitucional, donde tiene poder de influencia. Esto fomentará el consenso de todas las partes con poder de legislar, ya que en el hipotético caso de que el legislativo sea dominado por los contrarios al presidente, éste podría bloquear las leyes recurriendo al Constitucional. No obstante, esto podría también afectar a la popularidad y credibilidad del Presidente, ya que recurrir al TC para bloquear leyes sería visto como una conducta tiránica que impediría el avance legislativo. 

La nueva dinámica de poder entre los órganos que ejercen el poder estatal obligará a buscar mayores acuerdos si el país no quiere verse abocado a una situación de continuo bloqueo de unos contra otros. El reparto del poder conllevará que tanto el Presidente, como el Gobierno y el Legislativo no puedan imponer su voz el uno sobre el otro sin sufrir ciertas consecuencias. 

Hay que mencionar también que se han añadido a la constitución menciones de contenido histórico, religioso, social o ideológico, siendo algunas de ellas objeto de polémica.

La Federación Rusa es el sucesor legal de la URSS en su territorio, así como el cesionario de la URSS en relación con la pertenencia a organizaciones internacionales, sus órganos, la participación en tratados y en relación a las obligaciones y activos de la URSS fuera del territorio de la Federación Rusa.

La Federación Rusa honra la memoria de los defensores de la Patria y protege al verdad histórica. No está permitido disminuir la importancia de la hazaña de las personas en defensa de la Patria.

Estos dos párrafos que se añaden al artículo 67 (Capítulo 3º Estructura Federal) de la Constitución han sido vistos por algunos como revisionismo, otros en cambio afirman que busca blindar la herencia soviética y el estatus de Rusia como uno de los países que derrotó al nazismo frente a los ataques y el revisionismo de otras potencias.

La Federación Rusa, unida por una historia de mil años, preservando la memoria de los antepasados que nos transmitieron los ideales y la fe en Dios, así como la continuidad del desarrollo del estado ruso, reconoce la unidad estatal históricamente establecida.

El hecho de añadir a “Dios” en la Constitución también dio mucho que hablar y ha sido criticado por sectores que lo consideran un giro conservador.

Los niños son la prioridad más importante de la política estatal de Rusia. El estado crea condiciones propicias para el desarrollo integral, espiritual, intelectual y físico de los niños, la educación del patriotismo, la ciudadanía y el respeto a los mayores. El estado asegura la prioridad de la educación familiar y asume las responsabilidades de los padres en relación a niños que queden sin cuidado.

-Se incluyen también garantías constitucionales al acceso de servicios médicos de calidad, indexación anual obligatoria de las pensiones y beneficios sociales y el establecimiento de un “salario mínimo digno”. 

-En lo referido al territorio se añade que la Federación Rusa protege su soberanía e integridad territorial y que se prohíben las acciones destinadas a enajenar parte del territorio, así como las llamadas a tales acciones. Es muy posible que esto se haya hecho pensando en Crimea. 

El idioma del estado es la lengua rusa, lengua del pueblo formador del mismo, miembro de una unión multinacional de pueblos iguales en la Federación. Las repúblicas tienen derecho a establecer sus idiomas y a emplearlos junto con el ruso. Se garantiza el derecho a preservar y proteger los idiomas y culturas nativas y la creación de condiciones para su estudio y desarrollo. 

-La Federación Rusa participa en asociaciones interestatales y les transfiere parte de sus poderes de conformidad con los tratados internacionales, si esto no implica restricciones a los derechos y libertades del hombre y ciudadano y no contradice los fundamentos del sistema constitucional de Rusia. Las decisiones de los organismos interestatales adoptadas sobre la base de las disposiciones de los tratados internacionales de la Federación de Rusia en su interpretación, contrariamente a la Constitución de la Federación de Rusia, no se aplicarán en la Federación de Rusia. Las amplias modificaciones a este artículo 79 buscan reafirmar la posición de la Constitución rusa como norma superior y que las demandas procedentes de organismos internacionales solo podrán tener aplicación en Rusia cuando no contradigan la Constitución. 

-En el artículo referido a las políticas que debe garantizar el Gobierno de la Federación en las esferas dirigidas a la cultura, ciencia, educación, salud, seguridad social y ecología, se añade también la garantía del apoyo, fortalecimiento, protección de la familia y la preservación de los valores familiares tradicionales. 

La necesidad de proporcionar apoyo estatal para el desarrollo científico y tecnológico además de preservar el potencial ya existente. 

Garantizar el funcionamiento del sistema de protección a las personas con discapacidad y su integración social. 

Apoyar el voluntariado, promover el emprendimiento y la iniciativa privada. 

Educación en cultura ecológica, preservación de la diversidad natural y biológica. 

Las encuestas indican que la votación del 1 de julio arrojará el “Sí” a las enmiendas. Según el Levada Center (centro considerado “agente extranjero” por el gobierno ruso), desde marzo ha aumentado el número de personas que afirma que tomará parte en la votación. En marzo un 33% afirmaba con rotundidad que participaría y un 21% afirmaba que lo más probable es que tomase parte. En mayo esas cifras son del 45% y 21% respectivamente. En marzo un 40% afirmaba que votaría a favor, un 34% en contra y un 26% no sabía. En abril las cifras eran de 47%, 31% y 22% respectivamente, en mayo del 44%, 32% y 24%. 

Según VTsIOM y publicaciones del diario Kommersant, un 61% de los rusos que piensan participar en la votación el 1 de julio votarán a favor, un 22% en contra. Respecto a otras de las reformas:

-78% está a favor de establecer una mención constitucional de Rusia como sucesor legal de la URSS.

-89% está a favor de la protección de la realidad histórica y la prevención de la falsificación.

-54% está a favor de incluir una mención a Dios en la Constitución. 

-81% está a favor de consolidar al matrimonio como una unión entre mujer y hombre.

-93% apoya el reconocimiento de los niños como la prioridad estatal más importante y que se les brinde apoyo social.

-95% está de acuerdo con la garantía constitucional acerca de un servicio médico de calidad. 

-92% está a favor de la indexación anual de las pensiones, beneficios sociales y el salario mínimo digno.

-84% está a favor de prohibir a los altos cargos políticos y judiciales la posesión de dobles nacionalidades, propiedades y cuentas en el extranjero.

Un punto importante a mencionar es que la ley que introduce las enmiendas requiere,al menos, el 50% de aprobación en la votación para entrar en vigor. El gobierno ruso seguramente espera una participación en torno al 55% y una aprobación de entre el 55-60% a los cambios para tener una legitimidad popular considerada satisfactoria para la situación en la que se haya. Por estas razones, la campaña a favor del “Sí” está haciendo hincapié en la importancia de las enmiendas, normalmente sin mencionar el punto del reinicio del mandato presidencial, atrayendo a los votantes de todas las formas posibles. La oposición extraparlamentaria está dividida, algunos han optado por boicotear la votación, considerando que se trata de un “golpe de estado” que no debe ser legitimado. Otros llaman a movilizarse y votar por el “No”. Que el pospuesto desfile del Día de la Victoria (2ªGM) se fijase para el 24 de junio tampoco es casualidad. Aparte de que coincide con la fecha en la que se celebró el primero (24 junio 1945), se trata también de aprovechar el ensalzamiento del espíritu patriótico durante esa semana cercana a la votación. En su más reciente discurso a la nación, Putin ha anunciado la introducción de un progresivo sistema impositivo sobre la renta. Aquellos que ganen más del equivalente a 65.000€ al año deberán pagar un 15% de tasa impositiva, hasta ahora todos los ciudadanos pagaban un 13%. También se han anunciado medidas de apoyo económico y para la familia, muchas de ellas, obviamente, para apelar al voto pero también como parte de un plan de actuación a medio plazo contra los efectos económicos de la pandemia.  

Dicho todo esto, merece la pena mencionar detalles respecto a ciertas afirmaciones vistas en algunos medios acerca de que la pandemia es el factor clave que ha afectado a la popularidad de Putin, hundiéndola a mínimos (59% de aprobación de las labores del Presidente en mayo 2020). Esto no es del todo correcto. Según las encuestas de Levada (finales de mayo) un 66% de la población aprueba las medidas del Presidente y el gobierno contra el coronavirus y un 63% aprueba las medidas de sus gobernadores regionales. La confianza (distinguirla de la aprobación) en el Presidente ya se hallaba en un 59% a finales de 2017 y en septiembre de 2018 (meses tras anunciar la reforma de las pensiones) se había hundido hasta el 39%, llegando a un 35% en enero 2020 y un 25% en mayo. Por su parte, la aprobación de las labores del Presidente también fue descendiendo del 81% en mayo de 2017 hasta el 66% en mayo de 2019 y un 63% en marzo de 2020, justo antes de que la pandemia se hiciese notar de manera fuerte en Rusia. Por tanto, lo único que ha hecho el Covid-19 es agravar los sentimientos negativos ya existentes respecto a la situación general, el decrecimiento del nivel de vida, la reforma de las pensiones o el tímido crecimiento económico que lleva experimentando Rusia a causa de las sanciones, pero no ha sido el factor único y decisivo en la caída de la popularidad, ya que es algo que se venía viendo desde varios años antes.  

Pocos se han detenido a explicar las posibles luchas de poder que se podrían dar en la esfera política rusa si Putin anunciase su retirada de la política o a su sucesor de forma prematura. Uno de los principales problemas del sistema ideado por Putin es que depende en gran medida de su fuerte personalidad y carisma. Ya expusimos quienes podrían ser sus eventuales sucesores en la carrera presidencial o al menos el perfil que podrían tener, pero por ahora no ha salido a la luz ninguna figura llamativa, lo cual es normal, el presidente ruso no juega sus cartas antes de tiempo. Putin afirmó en varias ocasiones que no pretendía continuar más allá de 2024 y el mero anuncio de las enmiendas pareció crear cierto nerviosismo en los estamentos de poder en Rusia. Recordemos que la súbita dimisión del gobierno en enero pilló por sorpresa incluso al Primer Ministro. Sumado a eso, la entonces inminente pandemia del covid-19 no auguraba nada bueno para una economía sometida a sanciones. La perspectiva de un presidente saliente, a 4 años de las elecciones presidenciales, con una pandemia de considerables dimensiones al acecho y los problemas con Occidente no sería precisamente sinónimo de estabilidad, uno de los principales pilares del sistema instaurado por el actual presidente. 

Que en marzo se abriese la posibilidad de Putin continuando en la presidencia podría formar parte de una estratagema a través de la cual se evitaría la temprana reacción de círculos de la élite opuesto a él, así como la reacción de la oposición y de los actores externos, reservando así la operación sucesoria para un momento más propicio. No hay que engañarse, hasta ahora ningún gurú periodístico o del nutrido ámbito de los “analistas” ha sido capaz de predecir de antemano y con seguridad las actuaciones del presidente ruso. Si bien hay que realizar análisis críticos, se deben tener en cuenta todos los factores y no caer en el sensacionalismo fácil que hemos visto los últimos meses. Si Putin se quiere perpetuar en el poder, ¿por qué debilita la presidencia?. A menos que se adelanten las presidenciales, aún quedan 4 años para las mismas. Si Putin se presentase a las elecciones presidenciales, primero tendría que ganarlas y eso con una cada vez más decreciente popularidad, no sólo de su persona, sino de su gobierno y su círculo de poder. En el hipotético caso de que ganase (con amaño o no, según las creencias de cada uno), no tendría el mismo apoyo real que antes y no podría ejercer el mismo poder que hasta ahora, por tanto la inestabilidad iría en aumento, pudiendo desembocar en el caos. En caso de que ocupe una presidencia alternativa en el Consejo de Estado, la presidencia de alguna de las cámaras del legislativo o incluso algún tribunal (recordemos que está formado en derecho) tampoco tendría las mismas atribuciones que hasta ahora. Si las enmiendas obtienen el apoyo popular requerido, las elecciones legislativas de 2021, que podrían verse adelantadas en función del resultado obtenido el 1 de julio, deberían marcar el comienzo de una nueva etapa en la historia política de Rusia, una etapa cuyo camino estará marcado por el “putinismo”, posiblemente sin Putin al mando, cuyas características y velocidades deberán modificarse por la nueva generación de líderes que debería escalar a nuevos puestos de poder tras 2024. La Rusia del futuro se enfrentará a muchos desafíos. El decrecimiento y envejecimiento poblacional representarán un gran problema en las próximas dos décadas, la administración de Putin no ha podido solventarlo con éxito. La dependencia económica de recursos como el gas o el petróleo se ha reducido, pero todavía es bastante marcada y a eso podríamos sumarle factores como una economía (que se verá directamente afectada por el decrecimiento poblacional mencionado) necesitada de más profundas modernizaciones, el cambio climático o los derechos sociales, entre otros. Todo ello en medio de una pugna con un mundo occidental que también está en retroceso, ante el auge de China. Si bien la marcha de Putin, de producirse, alegraría a muchos, sus sucesores se encontrarán con que habrá mucho trabajo duro por hacer. Llegado el momento, a algunos quizás les sorprenderá que las alternativas no propugnan políticas muy distintas del neoliberalismo y nacionalismo que se han venido observando. El tiempo dirá. 

El cambio generacional en Rusia es inminente, la nueva generación de profesionales de la política en el país debe traer un cambio de actitud que desafía las ideas centrales desarrolladas hasta ahora en los estamentos políticos. Algunos jóvenes de hoy en día se ven amargamente afectados por la “desilusión” con Occidente, pero otros están libres de esa emoción y albergan una perspectiva muy realista y pragmática. Deberíamos empezar por dejar de lado las enmarcaciones de “leales a Putin” o “liberales prooccidentales” al hablar de la población rusa. La desconfianza de las ideologías prefabricadas entre la población es un hecho y el deseo de atender y satisfacer las propias conciencias va en aumento, algo, por cierto, presente también en otros países del entorno. Aquellos que en Occidente albergan la esperanza de ver, tras la salida de Putin, el retorno de los “optimistas” y locos años 90, deberían abandonar tales creencias. Rusia volverá a marcar su propio camino, de nuevo, sin importarle lo que otros traten de dictarle.

 

 


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