“¡La gente quiere que el régimen caiga!”. Este es el cántico generalizado en Sudán desde el inicio de las protestas contra el régimen de Omar al Bashir el pasado 19 de diciembre. Unas movilizaciones que comenzaron con protestas por la subida de productos básicos como el pan, la escasez de combustible y la inflación se han convertido en una revelación contra el gobierno de Bashir, que lleva ya 30 años en el poder. El malestar de la población se agudizó ya el pasado 4 de diciembre cuando una mayoría de legisladores respaldó una enmienda constitucional que permitiría a Bashir presentarse a las elecciones de 2020.
Miles de personas salieron a las calles el miércoles 19 de diciembre en la ciudad de Atbara, en el noreste del país, conocida por ser un bastión antigubernamental y lugar donde comenzaron las reclamaciones de la población sudanesa. Ese mismo día, manifestantes prendieron fuego a la sede el partido gobernante Movimiento Islámico, liderado por Bashir y afín a los Hermanos Musulmanes. Hatem al-Wassilah, gobernador del estado del río Nilo, hizo las siguientes declaraciones a la cadena de televisión Sudania 24: «Hoy, la sede del partido gobernante en la ciudad de Atbara, la sede del gobierno local y una estación de combustible fueron incendiadas».
Desde entonces las protestas se han extendido a lo largo y ancho del país especialmente en Jartum, la capital. Según Amnistía Internacional hasta el momento hay 40 muertos desde el inicio de las manifestaciones. Por su parte, las autoridades sudanesas han confirmado la muerte de 24 personas.
La dura represión que han ejercido las autoridades a base de gases lacrimógenos y munición real no ha intimidado a una población sudanesa desgastada. La inflación del país se eleva a un 70%, una de las más altas del mundo. El precio del pan ha subido de 1 a 3 libras sudanesas (de 2 a 6 centavos de dólar estadounidense) y el precio del combustible, que como el pan están subsidiados por el gobierno, obliga a la población a hacer largas colas en panaderías y estaciones de servicio.
La mayoría de los partidos de la oposición se han unido a las protestas, encabezadas por un grupo sindicalista: La Asociación de Profesionales Sudaneses (SPA), que a través de redes sociales han logrado movilizar a las masas y eclipsar a la oposición tradicional del país. Por su parte, Sadeq al Mahdi, líder del Umma National Party, principal partido de la oposición, regresó de su exilio a los pocos días de comenzar las protestas. Al Mahdi vivía en el Cairo hasta febrero de 2018 que traslado su residencia a Londres. El líder opositor fue aclamado a su llegada a Um Durman, su ciudad natal entre gritos de “¡Al Sadeq es la esperanza de la nación!”. Todavía en el aeropuerto, Mahdi se dirigió a sus seguidores y al gobierno actual. «La oposición sudanesa está lista para dialogar con el Gobierno según la hoja de ruta africana, la reconciliación de Sudán y la preparación del entorno político», aseguró. También exigió investigaciones a nivel nacional e internacional para esclarecer las muertes de los manifestantes que ejercen su derecho a votar.
Por otro lado, Omar al Bashir sigue firme con su discurso. Para el presidente sudanés los disturbios están provocados por agentes extranjeros que quieren desestabilizar el país y provocar su derrocamiento. “No permitiré que forasteros desestabilicen el país. No permitiré que se juegue con la seguridad de la nación. Hay gente que está recibiendo órdenes del exterior”, afirmó el pasado 3 de enero en una reunión con el sindicato de los trabajadores. El líder admitió los problemas económicos del país, pero criticó que las cosas “no pueden resolverse mediante destrucciones, saqueos y robos”. El mandatario se mantiene firme y tajante y asegura que hay una única solución. “El único camino para llegar al poder son las urnas. El pueblo sudanés votará en 2020”, dijo durante un mitin en Niyala, la capital del estado de Darfur del sur. Los países que le han mostrado su apoyo hasta el momento han sido China, Rusia, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Sudán del Sur, Eritrea, Etiopía, Níger, Egipto y Qatar, este último se lo mostró ayer durante la visita del presidente sudanés al país en su primer viaje al extranjero desde el inicio de las protestas.
Estados Unidos, Reino Unido, Noruega y Canadá han mostrado su preocupación ante los acontecimientos en el país. Sobre todo en referencia a la actuación excesiva de las autoridades y a la detención sin cargos ni juicios a periodistas, activistas y manifestantes. En una declaración conjunta han instado al Gobierno de Sudán a “responder a los desafíos actuales mediante la implementación de las reformas políticas necesarias, a fin de permitir al pueblo sudanés ejercer sus derechos constitucionales para expresar pacíficamente sus opiniones políticas, económicas y sociales libremente y sin temor a represalias o persecuciones”.
Bashir tiene control directo sobre las fuerzas de seguridad, incluida la temida Fuerza de Apoyo Rápida que comprende las milicias leales al partido gobernante, a menudo utilizada para aplastar la disidencia. El respaldo por el momento es grande, por ello el líder se muestra desafiante y se niega a renunciar. Sin embargo, hoy ha estallado el primer conflicto desde el inicio de las protestas entre miembros del Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad de Sudán (NISS, por sus siglas en inglés) y de las Fuerzas Armadas en la ciudad de Port Sudán. Un miembro del NISS ha fallecido y varios han resultado heridos, según el responsable de la comisión que supervisa la seguridad del mar Rojo, Mohamed Moussa Omar.
La incertidumbre sobrevuela este país de 40 millones de habitantes. Desde 2011, Bashir no ha sabido controlar una profunda crisis económica debido a la pérdida de las riquezas petrolíferas del país cuando se separó del sur. Ahora los problemas se agudizan. La población de Sudán se revela diariamente y parece que ni la violencia ni la represión son un obstáculo.