Desde hace unas semanas, El Salvador está viviendo en una espiral de violencia y represión que el pequeño país centroamericano no había visto en décadas. La noticia de los más de 60 homicidios en un solo día (la cifra más alta desde 2002) el pasado 26 de marzo provocó la reacción del presidente Nayib Bukele, quien rápidamente movilizó a sus diputados del partido Nuevas Ideas para la aprobación de un decreto de Régimen de Excepción que limita ciertos derechos fundamentales; una suspensión de derechos que no se había visto desde los años de la guerra civil.
La feroz reacción del presidente salvadoreño no sorprende mucho si tenemos en cuenta que la “pacificación” del país era hasta ahora uno de sus principales logros, consiguiendo que en más de 70 días consecutivos no ocurriera ningún homicidio. Este último dato es importante porque estamos hablando de uno de los países con mayor tasa de homicidios del mundo.
Pero entonces, ¿Por qué ahora ha habido un enorme repunte en los homicidios? ¿Realmente las políticas de Bukele han funcionado? ¿Qué consecuencias tienen las medidas tomadas en las últimas semanas? Tratemos de responder a estas y otras preguntas sobre la relación de las pandillas con Bukele y las políticas utilizadas por este último para acabar con ellas.
La política del homicidio.
En febrero de 2019 un joven político Nayib Bukele llega a la presidencia salvadoreña después de arrasar en los comicios presidenciales. Tiene dos objetivos principales:
El primero, acabar con la violencia de las maras y pandillas.
El segundo, luchar contra la corrupción.
Para conseguir su primer objetivo puso en marcha el denominado como Plan de Control Territorial del cual solamente se conocen las medidas tomadas hasta ahora, ya que el plan de ruta, las metas y medidas concretas no se han hecho de acceso libre al público.
Honestamente, hasta marzo de este año sí que es cierto que los homicidios y los crímenes provocados por los pandilleros se han ido reduciendo de manera considerable; algo que el presidente no ha dudado en publicitar una infinidad de veces como el principal logro de su administración, aunque esos logros realmente no sean más que propaganda política.
Lo que Bukele nunca ha mencionado es que la reducción de homicidios viene registrándose desde 2016, luego de que 2015 fuese uno de los años más violentos en el país. Esto ocurrió durante la administración de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), quien no dudó en aplicar también una política de mano dura nunca antes vista. Durante su mandato se presentó el Plan El Salvador Seguro como una política de seguridad ejemplar, apoyada por organismos internacionales, países cooperantes y organizaciones sociales y de derechos humanos. Aunque siendo realistas, todo eso fue una cortina de humo para mostrar a la comunidad internacional. La política real utilizada fueron las llamadas Medidas Extraordinarias de Seguridad, las cuales se basaban en el exterminio de pandilleros y de jóvenes de los barrios marginales. Durante este periodo murieron algo más de 2000 personas en manos de la policía; llegnado a haber casos de ejecuciones a pie de calle perpetradas por las fuerzas de seguridad del Estado que participaron en grupos de exterminio relacionadas con instituciones públicas.
En este contexto, las pandillas comenzaron a atacar sistemáticamente a policías, militares y funcionarios, siendo la primera vez que las pandillas se enfrentaban directamente contra el Estado; lo que significó que la derrota fue parcial para los grupos criminales. Durante este periodo cúspide de este enfrentamientos entre el Estado y las pandillas, algunos grupos pandilleros vieron que no podían continuar con esta dinámica, llegando incluso a pedir (como fue el caso de la Mara Salvatrucha) un diálogo al gobierno, en cuya agenda estaba incluso la posibilidad de desarticulación de la pandilla.
Por otra parte, al no poderse conocer con exactitud las medidas propuestas en el Plan de Control Territorial, no se puede hacer una relación de causa-efecto entre las medidas y la reducción de homicidios. Las pocas medidas que se han hecho públicas se caracterizan por un aumento de la presencia policial y militar, las detenciones arbitrarias y las violaciones de los derechos de los reos en la cárcel. Es decir, lo mismo que se ha ido viendo en todos los gobiernos salvadoreños durante dos décadas.
Por último, una característica básica para este descenso de los homicidios es que alguien decide que ya no se mate más. Aunque Bukele sostenía en un principio que esto era por el aumento de la presencia policial y las duras penas carcelarias impuestas a los miembros de las pandillas, esto es completamente falso. Como se ha demostrado por los horribles acontecimientos ocurridos el mes pasado, las pandillas siguen teniendo el control de los barrios. El mismo control que han tenido siempre. Además, a las pandillas desde hace tiempo no les asustan las condenas draconianas de cientos de años en la cárcel, ya que las prisiones son un espacio de poder que controlan, y es un paso más dentro de la carrera de los pandilleros.
La verdad es que detrás de la reducción de la violencia hay indicios de una negociación entre el gobierno y las pandillas, al menos con la Mara Salvatrucha (MS-13). Medios críticos con el gobierno han reunido evidencias de que ciertos altos funcionarios del sistema penitenciario salvadoreño han tenido reuniones y han facilitado espacios de acercamiento y movilización entre algunos dirigentes de las pandillas y funcionarios del actual gobierno. A esto debemos sumarle la revelación del ingreso de pandilleros en libertad y funcionarios a cárceles para reunirse con los líderes de la MS-13 dentro de las cárceles, registrado en los mismos documentos gubernamentales. Estas negociaciones tuvieron sus frutos tanto para unos como para otros. Para el gobierno significó el primer y más importante “logro” de su administración al reducir la tasa de homicidios. Para las pandillas supuso cierta libertad de movimiento en las cárceles y la protección de los jefes pandilleros para no ser ser extraditados a Estados Unidos gracias al cambio que realizó en la Corte Suprema; como fue el caso de Armando Eliú Melgar, alias “Blue”, miembro de la MS-13 y cabecilla de las acciones de la pandilla en la costa este estadounidense.
Bukele ha negado reiteradamente estas negociaciones, alegando que su administración ha sido la más dura con las pandillas, algo que como hemos visto, no es cierto. Realmente, lo que el presidente ha hecho hasta ahora no es más que copiar las mismas estrategias seguidas por los distintos gobiernos. Esta estrategia de discursos de mano dura unida a la negociación es ya una estrategia con cierto recorrido en la política salvadoreña. Fueron el presidente Mauricio Funes (2009-2014) y el exministro de Defensa David Munguía Payés, ambos encarcelados por corrupción y por mantener lazos con las pandillas, quienes estrenaron esta práctica durante el gobierno de Funes en 2011. Todo ello mientras mantenían un discurso represivo en medios públicos, buscando alejarse del hecho de que de forma secreta estaban acordando con el enemigo numero uno de la seguridad nacional. Meses más tarde, ya en 2012, salieron a la luz estas negociaciones y tanto Funes como Munguía Payés tuvieron que aceptar su participación en las mismas. A partir de estos acontecimientos, las pandillas aprendieron a hacer política con las cifras de homicidios.
En resumidas cuentas, la estrategia de Bukele para hacer frente a las pandillas ha sido, sino la misma, una estrategia parecida a la que utilizaron las distintas administraciones que han gobernado en el país hasta la llegada del “outsider” Bukele. El presidente trató de negociar con las pandillas para reducir los homicidios y convertir a estos en sus socios políticos, pero algo salió mal, y las consecuencias han sido una oleada de asesinados y un país en estado de sitio debido al Régimen de Excepción.
La mano dura como solución.
Después de los abominables acontecimientos del último fin de semana de marzo, los salvadoreños se despertaron el lunes siguiente con la puesta en marcha de un Régimen de Excepción nunca antes vista en el país. Esta medida suspende el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia y permite la intervención de las comunicaciones sin ningún tipo de aval judicial. Asimismo, amplía el plazo de detención administrativa (sin especificar cuanto), autoriza a la policía y los militares a detener a cualquier persona que considere sospechosa sin tener evidencias, y permite la detención de jóvenes mayores de 12 años, entre otras muchas acciones ‘duras’. La verdad es que todavía no se conocen todas las medidas que suponen este régimen, ya que como dijo Bukele, serán anunciadas “solo cuando sea necesario”.
No contento con ello, el pasado 5 de abril se aprobaron de manera rápida en el Congreso salvadoreño una reforma del código penal y la Ley de proscripción de maras y pandillas, por la cual ningún medio de comunicación puede difundir ningún mensaje creado presuntamente por las pandillas. Una especie de ley mordaza que supuestamente busca censurar la creación de grafitis con mensajes relacionados con las pandillas y mensajes que puedas generar “zozobra y pánico en la población”. El problema deriva en que varios medios y asociaciones de periodistas denuncian la imprecisión de la reforma, ya que por ejemplo, no se define con exactitud qué tipos de mensajes pueden provocar “pánico”, dificultando enormemente el trabajo de los periodistas, quienes ya no podrán trabajar con comunicados, entrevistas o datos proporcionados por las pandillas o que tengan que ver con ellas; arriesgándose a penas de cárcel entre 10 y 15 años.
El régimen de excepción y la reforma del código penal han sido las principales medidas tomadas por el gobierno para hacer frente a la escalada de homicidios, la cual se explica con la supuesta participación de “agentes extranjeros” y miembros de la oposición que quieren desestabilizar al país. Curiosa ha sido su alusión a las ONGs que trabajan en El Salvador, acusadas por Bukele de “lucrarse con el baño de sangre en El Salvador” añadiendo poco después “¿Cómo si no iban a conseguir donaciones para venir a hacer estudios sobre la delincuencia en El Salvador?”.
En los últimos días se ha insistido varias veces en las alusiones a los supuestos causantes de esta oleada de violencia; en un intento de justificar la oleada represiva que asola al país, la cual no solamente afecta a los pandilleros, ahora bautizados como “terroristas”, sino también a ciudadanos inocentes que se ven presas de la arbitrariedad y la negligencia de la policía y los militares.
Las consecuencias de las medidas mencionadas anteriormente están creando una situación de inseguridad entre gran parte de la ciudadanía de los barrios militarizados. Aun a falta de datos oficiales, se habla de ejecuciones extraoficiales, de arbitrariedad en los arrestos, de robos a personas particulares e intimidación a los habitantes de los barrios ocupados.
La plena potestad que tienen policía y militares con el Régimen de Excepción, ha provocado que desde que se pusieron en marcha las medidas,más de 9000 personas hayan sido detenidas, de las cuales, a muchas de ellas no se les especifica en ningún momento los delitos que se les atribuyen. Aunque en la mayoría de ocasiones solamente se expresó que se trataba de pandilleros.
La negligencia de las fuerzas del orden se debe a que las instituciones de seguridad siguen ciertos patrones a la hora de detener a las personas. Principalmente, los sospechosos son jóvenes que viven en zonas conflictivas, con pocos recursos económicas y con bajos niveles de escolaridad. Esto da a pensar que detrás de los criterios de la policía y los militares hay dos elementos: clasismo, por el lugar donde residen, y racismo, debido a su estética y su color de piel inclusive.
La incertidumbre en cuanto al tema de las detenciones ha provocado que muchas personas se amontonen en los calabozos para saber sobre el paradero de algún familiar o amigo que haya sido detenido. Es el caso de un calabozo de San Salvador conocido como “El Penalito”, donde desde hace unos días se amontonan casi 700 personas en sus alrededores. Algunos saben que sus seres queridos están ahí, otros no. La comida de los reos sale del bolsillo de sus familiares, que pagan alrededor de 2,50 dólares para que los capturados puedan comer. Aunque no parezca un precio muy elevado, para la economía doméstica de un salvadoreño medio puede suponer un gasto enorme, teniendo en cuenta que mucha gente sobrevive con 60-70 dólares mensuales. Y eso cuando el detenido tiene quién para cuidar de él; de lo contario el menú es la nada.
Aún es pronto para analizar las consecuencias de las medidas tomadas por Bukele y su partido Nuevas Ideas para hacer frente a la violencia en El Salvador, pero hay un par de cosas que quedan bastante claras:
En primer lugar, los homicidios terminarán tarde o temprano, aunque que la estrategia de mano dura o mano durísima no funcione. Nunca ha funcionado, por lo que el presidente salvadoreño tendrá que sentarse a negociar con las pandillas si quiere acabar con esta locura.
En segundo lugar, de lograr una reducción de los homicidios y alcanzar cierta paz, Bukele se presentará a sí mismo como el pacificador del país… otra vez. Volveremos a ver discursos adornados con música épica en los que intentará convencer al electorado de que sus medidas funcionan, mientras que el poder de las pandillas no se va a deteriorar en nada. Seguirán extorsionando, robando, matando y controlando los barrios marginales del país.
Algo que nunca se menciona es que muy pocas veces se alude al origen de estas pandillas. Es cierto que son muchos los factores que hacen atractivo el mundo de las pandillas a la juventud salvadoreña. La gran mayoría se une por la situación de exclusión social y escasez económica a la que son obligados a vivir. Son realidades en las que apenas queda otra salida más allá de ser la víctima o el victimario de toda esta historia. Parece ser que ni siquiera “el dictador más cool” de la historia de El Salvador va a poder superar la espiral de violencia a la que está ya acostumbrada esta pequeña república centroamericana.
Thank you for making this complex topic accessible to everyone.