El gobierno del Ecuador liderado por Lenin Moreno, ha sustituido los famosos subsidios al combustible por el método de “bandas de precios” aplicando el Decreto 1054; una jugada arriesgada cuanto menos, pues la eliminación de los subsidios generó uno de los mayores estallidos sociales de la historia reciente del Ecuador. No cabe duda de que el contexto de confinamiento y la crisis del Covid-19 están amortiguando el efecto social de una medida como esta, pero, ¿hasta qué punto es probable otro octubre en el Ecuador?
Octubre de 2019 en el Ecuador. Implantación del denominado “paquetazo” y estallido social
El llamado paquetazo recogía una serie de medidas económicas en clave liberalizadora que el propio Lenin Moreno anunció el día 1 de octubre de 2019 acorde a las recomendaciones del FMI, lo que causó la reacción inmediata de diversos sectores sociales, entre ellos los opositores cercanos al gobierno anterior, que convocaron un paro nacional que daría inicio el día 3 de ese mismo mes.
No se puede hablar de la actual crisis ecuatoriana obviando la cuestión de los subsidios al combustible suprimido mediante el decreto 883 en octubre de 2019, que venía regulando los precios desde 1974, herramienta que con mayor o menor éxito habría servido para evitar derivas económicas inflacionarias fruto de la subida del precio internacional del barril de petróleo.
El Ecuador es un país productor de petróleo, pero carece de la tecnología y el desarrollo necesario para la producción de varios de los productos refinados que consume, los cuales debe importar del exterior, y esto lo convierte en un país condicionado a la fluctuación del precio del barril en los mercados internacionales. Los subsidios vienen a ser para los ecuatorianos una garantía de asequibilidad y estabilidad de precios.
Como es evidente, los sectores que se ven directamente afectados de forma determinante en su economía son los de transportistas, ya sea el gremio de los taxistas o el de transportes de mercancías. Por ese motivo fueron el primer sector en movilizarse en octubre, protagonizando cortes de carreteras y una práctica paralización total del país.
Un sector importante, que si no se ve afectado directamente por la eliminación del subsidio si tiene una vinculación especial en la lucha contra su derogación es el movimiento indígena, liderado en gran medida por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la cual convocó una huelga nacional con marcha hacia Quito el día 9 de octubre por motivo de las medidas económicas. Este hecho fue sin duda determinante en la escalada de tensión que vivió el país, pues los enfrentamientos entre autoridades y el movimiento indígena fueron una constantes en los días que duró el paro.
El movimiento indígena en Ecuador tiene más importancia a nivel nacional del que pueda parecer cuando se observa la política ecuatoriana desde Europa, pues son un sector bastante representativo dentro de la ciudadanía y constan de reconocimiento a nivel constitucional como nacionalidades y pueblos (La diferenciación entre ambas no siempre es clara o sencilla). Además, sus movilizaciones masivas han ocasionado la caída de diversos gobiernos en la historia del Ecuador, entre ellos el de Jamil Mahuad en el año 2000 (el ejército llegó a retirarle el apoyo, lo cual fue decisivo en su derrocamiento), precursor de la dolarización del país y que no supo medir la contestación social que, con el movimiento indígena a la cabeza, se iba a producir con la eliminación del subsidio al combustible en un contexto de crisis económica como el que vivía el país a finales del siglo pasado.
El paro de 2019 llegó a su fin el 14 de octubre tras una negociación de la CONAIE con el gobierno de Moreno, en el cual se acordó la no implementación del paquetazo. El acuerdo con los sindicatos de transportistas se llevó a cabo previamente, el día 4 de octubre. La negociación con la CONAIE, según determinados especialistas en política ecuatoriana se dio en un contexto en el que el gobierno no tenía mucha más capacidad para mantenerse al frente del país. De hecho, semanas antes ya tuvieron que trasladar al ejecutivo en su conjunto a la ciudad de Quito a Guayaquil.
Por supuesto, los líderes de la CONAIE no tuvieron que afrontar procesos judiciales tras esta negociación, mientras que los correístas Virgilio Hernández, Christian González y la prefecta de Pichincha Paola Pabón sufrieron la prisión preventiva y la posterior puesta en libertad vigilada a espera de juicio tras ser acusados en televisión por el propio presidente Moreno; otros miembros de su corriente política salieron del país en categoría de perseguidos políticos.
Como apunte, las medidas económicas del paquetazo incluían, además de la eliminación del subsidio al combustible, las siguientes reformas:
- Donación de un día de salario por parte de los empleados públicos, además de reducir su periodo vacacional de 30 a 15 días.
- Eliminación de aranceles para productos electrónicos como celulares u ordenadores.
- Eliminación o reducción de aranceles para importación de maquinaria agrícola industrial.
- Reducción de impuestos sobre vehículos con valor inferior a los 32.000$.
Últimas reformas económicas del gobierno en el contexto del Covid-19
- Sistema de bandas de precios al combustible, eliminación del subsidio
La crisis económica que venía atravesando el Ecuador, agudizada con la llegada del Covid-19, ha llevado al gobierno a aplicar políticas de carácter económico que figuraban en su agenda por más de medio año pero que no pudieron aplicar con éxito en el año anterior. La medida principal es, precisamente, la eliminación de los subsidios a los combustibles, sustituyéndola por el llamado “sistema de bandas de precios”.
El ejecutivo, a través de su ministro de finanzas Richard Martínez, aunque no niega que la medida se contempla como transitoria hacia la liberalización del precio de los combustibles, sostiene la teoría de que el sistema de bandas va a garantizar una fluctuación limitada en los precios, asegurando un precio mínimo y un techo que en la venta al interior del país no podrá superarse, independientemente de los precios del petróleo en el mercado internacional. A juicio del gobierno esta es la mejor alternativa para los subsidios al combustible, algo que lleva formando parte de sus prioridades de agenda desde octubre del 2019.
Numerosos sectores críticos de la política ecuatoriana no han dudado en tildar de eufemismo el llamado sistema de bandas para ocultar una realidad liberalizadora y de supresión de los subsidios al combustible (La propia Ecuavisa utiliza términos en clave de liberalización), mostrando su preocupación por el futuro fluctuante de los precios y la deriva inflacionaria que podría tomar perjudicando a la mayoría social del país, ya que no tienen la más mínima confianza en la efectividad del gobierno en el control de precios.
Recortes económicos
Al margen de la cuestión de los combustibles, en las apariciones públicas de Moreno, es recurrente en las últimas semanas el anuncio del 19 de mayo de este año del recorte del presupuesto del Estado previsto en 4000 millones $ que no termina de aplicarse; quien sabe si por indecisión en la coalición de gobierno o por cálculo político ante los ataques que pudieran recibir el tanto en la Asamblea Nacional como en la calle por parte de los movimientos sociales y sindicatos. Esta medida vino acompañada de otra en el plano laboral, llevando a cabo una reducción de jornada de los empleados públicos de 8 a 6 horas, con la consiguiente pérdida de remuneración económica.
Esta medida encuentra un precedente significativo en la aparición pública del presidente Moreno dos meses antes, concretamente el día 10 de marzo de 2020, en la que anunció un recorte presupuestario de 1.400 millones $ del presupuesto de Estado que afectaría al sector de bienes y servicios y a los bienes de capital. El recorte fue anunciado acompañado de una medida que buscaba la fusión o eliminación de distintas empresas públicas con el fin de reducir el tamaño del estado ante un posible sobredimensionamiento que restaba eficiencia en la actividad de las instituciones. Dichas medidas han conllevado un importante recorte en infraestructura del Estado y consecuentemente de personal, especialmente aquel que trabaja por contrato o nombramiento, engrosando significativamente las ya de por sí preocupantes cifras de desempleo.
Las cifras de desempleo en el Ecuador son un auténtico misterio, pues el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) no publicó su Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) correspondiente al 27 de abril debido a las problemáticas que estaba conllevando la problemática del Covid-19, pero se calcula que el país ha sufrido en este 2020 una caída del PIB que podría llegar al 9,4% y que la población activa desempleada o en situación de desempleo ronda los 5 millones de personas. La oficialmente reconocida destrucción de empleo masivo durante el periodo de confinamiento ha sido una de las principales preocupaciones a nivel nacional, y las medidas económicas antes expuestas no han servido precisamente para apaciguar los ánimos.
Otros rumores que circulan por el país en cuanto a medidas económicas es la supuesta intención del gobierno de privatizar el IESS, lo que haciendo un paralelismo con el caso español, sería la privatización de absolutamente todas las funciones de lo que conocemos como Seguridad Social, uno de los pilares fundamentales de nuestro bienestar.
Corrupción en la lucha contra el Covid 19
Las acusaciones de corrupción han sido una constante en los ataques que ha recibido el gobierno en los últimos años por parte de sus adversarios y diferentes sectores ciudadanos, algo que se recrudeció con la llegada del Covid-19 y su transformación de una crisis económica en una crisis humanitaria de incalculables proporciones (desde un primer momento las cifras oficiales en torno al Covid-19 no resultan creíbles).
A este respecto, la justicia ecuatoriana llevó a cabo una serie de investigaciones para resolver el desangramiento económico y de popularidad que el saqueo de las arcas públicas les estaba causando, afectando incluso a miembros de su gobierno y aliados. En este contexto, los casos que más han escandalizado a los ecuatorianos son los relacionados directamente con la gestión del Covid-19, especialmente el caso de los sobreprecios en la compra de 7.000 kits alimenticios para distribuir entre la población (precio original 86$ aprox ; precio de compra 150,82$), y que en su conjunto tuvo un valor de 1.055.740$ más IVA. Este caso afectó de manera directa a Alexandra Ocles, exdirectora del Servicio de Gestión de Riesgos del Ecuador, la cual está siendo investigada y juzgada en estos momentos. Otro caso íntimamente relacionado con la adquisición de material para afrontar la crisis del Covid-19 es el del sobreprecio del 1.311% en la compra de bolsas para cadáveres en los hospitales Los Ceibos y Guasmo Sur, ambos en la ciudad de Guayaquil.
Otro caso muy notorio de corrupción fue al que implicó al polémico y extravagante Abdalá Bucaram, expresidente de la República del Ecuador en una de las legislaturas más surrealistas que se recuerdan en el país. Este caso giraba en torno a una investigación sobre irregularidades en la compra de insumos médicos en el Hospital del Seguro Social. En los múltiples allanamientos del día 3 de junio se encontró, en casa del expresidente Bucaram, insumos y un arma de fuego presuntamente sin licencia, pero el mismo día 3 de junio fue puesto en libertad. En el marco de esta investigación también se encuentra investigado el prefecto de Guayas, Carlos L. Morales, el cual se encuentra en libertad vigilada con dispositivo electrónico. Lo más bizarro de este caso ha sido el accidente aéreo de avioneta en Tumbes (Perú) de Daniel Salcedo, uno de los investigados (que obviamente tenía prohibida la salida del país) y sobre el que ha habido rumores de fuga del hospital de Perú en el que estaba internado por los daños sufridos en el accidente y por haber sido diagnosticado de Covid-19. Su hermano fue detenido en la frontera con 40.000$ en efectivo.
Por otro lado, el asambleísta del partido de gobierno (Alianza País), Daniel Mendoza, se encuentra en régimen de prisión preventiva en la Cárcel 4 de Quito junto a otros 4 implicados en una trama de corrupción en la inacabada construcción del Hospital de Pedernales.
La posibilidad de un levantamiento social
- Número incierto de muertes por Covid-19
- Supresión del subsidio al combustible
- Medidas de recortes presupuestarios generalizadas
- Corrupción sistemática aprovechando la situación pandémica
- Crisis de legitimidad gubernamental
La posibilidad de un nuevo levantamiento social en el país siempre es un elemento a contemplar dadas las circunstancias expuestas anteriormente y la tradición política ecuatoriana.
No cabe duda de que solo en un periodo de excepcionalidad como el actual se puede explicar que no se haya producido ninguna movilización significativa contra el gobierno, sin contar eso sí, con las movilizaciones estudiantiles en protesta a los recortes en los presupuestos de universidades (98 millones $ según la CIDH) que algunos denominan como anticonstitucionales.
Por su parte, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) Jaime Vargas, responsabiliza de antemano al propio gobierno ante cualquier posible reacción social que pueda acontecer en el futuro próximo, desvinculando a su organización en el corto plazo de la idea de convocar a un paro nacional de la naturaleza del de octubre de 2019.
Por otro lado, el gobierno ha seguido insistiendo en las responsabilidades del ejecutivo anterior liderado por Rafael Correa en la actual crisis económica, justificando su actuación como la única forma de corregir la herencia recibida. Además, diversos dirigentes del correísmo en el país han presentado preocupación en los últimos días por un posible recrudecimiento de la persecución política contra ellos como método para evitar futuras convocatorias de paros nacionales.
Al gobierno de Moreno le queda menos de un año para la convocatoria de elecciones, solo el tiempo dirá si acaba la legislatura.
