En un contexto de pandemia y con un complejo escenario político y económico, este 6 de diciembre se celebran elecciones legislativas en Venezuela para elegir a los 277 parlamentarios para el periodo 2021-2026. 


 

Al contrario de lo que ocurrió en 2015, donde una gran parte de la oposición reunida en la coalición Mesa de Unidad Democrática (MUD) obtuvo la mayoría de puestos en la Asamblea Nacional, formándose así una plataforma de contrapeso con el ejecutivo liderado por Nicolás Maduro -quien tuvo que formar una Asamblea Constituyente para atajar el bloqueo político que ejercía la oposición-, esta vez parece que el oficialismo tiene todas las de ganar. 

Esto se debe a que la oposición esta debilitada y fragmentada por los acontecimientos ocurridos en las ultimas semanas. Todavía un considerable número de partidos siguen los dictados de Juan Guaidó, quien aboga por no participar en los comicios, al considerar que participar significaría dar una legitimación por parte de la oposición al gobierno de Maduro. Por ello, la Asamblea Nacional controlada por la oposición ha convocado una consulta popular entre el 5 y el 12 de diciembre para preguntar a la ciudadanía sobre la aprobación o no de la votación del 6 de diciembre y sobre la utilización de la presión internacional para deponer a Maduro.  

Esta opción puede tener resultados beneficiosos o negativos para la oposición, dependiendo de la participación y los resultados, ya que boicotear las elecciones implicaría quedarse fuera del parlamento, repitiendo el mismo error que cometió la oposición en 2005, cuando esta misma estrategia significo la inexistencia de un contrapeso institucional al chavismo durante años.

 

 

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Otro elemento que trastoca la unidad que había mostrado en el pasado la oposición son las conversaciones entre el gobierno de Maduro y una parte de la oposición representada por Henrique Capriles; lo que devino en la liberación por parte del gobierno de más de 100 presos políticos y diputados, el compromiso de Capriles de participar en las elecciones y la invitación de altos funcionarios de la ONU y UE como observadores del proceso electoral. Aunque más tarde Capriles se haya desligado de las elecciones del 6 diciembre y haya abogado por una postergación de las elecciones por consideradas fraudulentas (siguiendo la postura de la UE), su ataque a Guaidó, muestra que en la oposición se presentan liderazgos y estrategias incompatibles que debilitan su poder político. 

Por otra parte, nos encontramos con la oposición “domesticada”, representada por partidos de izquierda como Bandera Roja (BR) o Patria Para Todos (PPT), que antes eran aliados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Estos partidos, han intentado participar en los comicios desligándose del partido oficial, organizándose en coaliciones como Alternativa Popular Revolucionario (APR) mostrando su desacuerdo con la gestión del gobierno de Maduro. El gobierno no permitió disidencia dentro de sus partidos “amigos” y el Tribunal Supremo de Justicia ha ido interviniendo la gran mayoría de los partidos siendo controlados por antiguos militantes elegidos por el Supremo. 

De todos estos movimientos, parece que la que sale ganando es la posición oficialista, que ha logrado debilitar a la oposición, mostrar su mejor cara en el panorama internacional con la liberación de presos, y el acercamiento a una parte de la oposición que cuenta con el apoyo de parte de la comunidad internacional. Por el contrario, parece cada vez más claro que la opción de Guaidó ha tocado fondo. La estrategia abstencionista primero, y el anuncio en octubre de una Consulta Popular para intentar hacer frente al gobierno, son muestras claras de que el líder de la oposición venezolana ha entrado en un callejón sin salida, mientras que sus apoyos internacionales se van esfumando en favor a otros candidatos. 

Con una recesión ya de 7 años donde se ha destruido cerca del 75% del Producto Interior Bruto (PIB), y con más de tres años de hiperinflación que se ceba con la población, Venezuela se enfrenta a unas elecciones en las que la gran mayoría de la población es consciente de los resultados; pero no de las consecuencias.