“El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos”
Constitución del Ecuador, Capítulo IV; Art 201
Antes de la llegada de la crisis del Covid-19 al Ecuador, su sistema penitenciario ya venía atravesando su crisis particular, todo ello a pesar de la inversión en legislaturas anteriores de hasta 200 millones de dólares para mejorar el equipamiento y las políticas de rehabilitación social de los penales, además de la construcción de nuevos centros de reclusión regionales como el de Cotopaxi, el de Guayas y el de Azuay.
Dicha crisis se materializó en una serie de amotinamientos e incidentes al interior de los penales de distintas provincias del país, lo que llevó al gobierno a declarar el estado de excepción carcelario el día 16 de mayo de 2019.
Las razones de la crisis del sistema penitenciario previas y durante la vigencia de esta declaratoria son las siguientes:
Hacinamiento y alimentación
En datos de hace solo un año recogidos por El Comercio se calculaba que la sobrepoblación reclusa era de entorno al 162%, experimentando un crecimiento respecto al año anterior, que ya de por si representaba el 157%; a su vez, el hacinamiento se calcula en torno al 40%. Con estos datos encima de la mesa, la Defensoría del Pueblo llegó a realizar cálculos que supondrían haber triplicado la población reclusa del país en apenas 10 años, pasando de 11.279 reclusos en 2009 a 39.558 en el año 2019. No cabe duda de que estos datos no implican solo una mala gestión del ejecutivo actual, sino también problemas estructurales que vienen de más atrás.
Uno de los factores que incide de manera decisiva en este incremento de población carcelaria es el uso excesivo del recurso de la prisión preventiva; algo que ha señalado en reiteradas ocasiones la Defensoría del Pueblo. En datos del año 2019 del Servicio de Rehabilitación social, esta circunstancia afectaría al 30% de los reos, lo que supone alrededor de 11. 767 personas internas sin una sentencia judicial.
Todas estas circunstancias fueron reconocidas por el propio exministro de justicia Ernesto Pazmiño, algo que puede llevar a considerar medidas adoptadas en el pasado como fueron la campaña gubernamental del 2009 “Cero presos sin sentencia” y el indulto a las llamadas “mulas”; utilizadas por las organizaciones del narcotráfico. Estas medidas que descongestionaron de forma notoria los penales ecuatorianos en el corto plazo, pero en el medio y largo no fueron efectivas para revertir la tendencia de aumento gradual constante de la población reclusa.
Por otro lado, la alimentación recibida por los presos no es la más adecuada tanto en cantidad como en cumplimiento de las normas de higiene básicas. Esta cuestión llevó a las autoridades a investigar a la empresa concesionaria (Laffatoria S.A.) en el año 2018, porque está ligada a un incremento de enfermedades de tipo gastrointestinal y a puntuales intoxicaciones masivas en los penales; como la sucedida en mayo de 2019 en el penal de Ibarra, que afectó a 204 presos (27% de la población carcelaria)
Crimen organizado y violencia
Los años 2018 y 2019 mostraron unos índices de violencia en el interior de las prisiones más que preocupantes, lo que llevó a decretar el estado de excepción carcelario previamente mencionado. El detonante fueron nada más y nada menos que los 31 fallecimientos que se dieron hasta mayo del 2019, de los cuales 24 fueron asesinatos (solo entre enero y mayo de ese mismo año hubo 19 asesinados).
Informaciones ofrecidas por Ecuavisa en febrero de 2019 señalaban la existencia de al menos 26 bandas criminales que operan dentro de las prisiones, disputándose el control del negocio del tráfico de drogas, la extorsión y el sicariato, tanto en el interior como en el exterior. En los últimos años se ha descubierto una tendencia a crear macroalianzas para la conformación de “megabandas” con capacidad de acaparar cada vez más cotas de poder. Dos de las bandas que más titulares han acaparado en los últimos años son la de “Los Choneros” y la de “Los Cubanos”, las cuales mantienen una guerra a muerte desde el año 2009.
Uno de los problemas más preocupantes para las autoridades es la presencia de armas de todo tipo dentro de las prisiones; algo que ya el exministro de justicia antes mencionado reconoció, declarando que había conocimiento de la presencia de fusiles y un número indefinido de armas escondidas al interior de las prisiones.
Corrupción y situación del personal penitenciario
La escasez de agentes penitenciarios es el primero de los problemas en los penales, pues las cárceles ecuatorianas se encuentran muy lejos de cumplir con el estándar internacional que dicta la necesidad de tener 1 funcionario por cada 10 presos. En el caso ecuatoriano es una proporción de 1 funcionario por cada 30 internos, lo cual refleja la necesidad de ampliar el cuerpo con al menos 10.000 agentes más.
Además, los medios con los que cuentan los ya de por sí escasos agentes, son bastante precarios, con ausencia de herramientas como toletes (defensa o porras en España), gas pimienta, chalecos, uniformes y vehículos y armas de fuego para los traslados. Además, la formación de los funcionarios es una de las tareas pendientes del sistema penitenciario, mostrando una nula especialización en la formación de agentes debido al abandono absoluto en el año 2017 de la única escuela de formación de guías penitenciarios inaugurada tan solo dos años antes.
Esta situación, sumada al alto índice de corrupción de los penales, llevó al gobierno a asignarle al ejército ecuatoriano tareas de vigilancia dentro del contexto de excepcionalidad, con el objetivo de facilitar la lucha por retomar el control.
Una de las razones que incentiva la posibilidad de corromperse es la cantidad económica percibida por los funcionarios en su salario, cuestión que no es baladí si tenemos en cuenta la rabaja salarial que sufrieron los agentes a partir de agosto de 2019 con la eliminación del pago de horas extras. La no tenencia en cuenta de los años de experiencia (se prioriza la formación académica) y la re-categorización laboral de los agentes debido a la homologación que se realizó tras cambiar la entidad de seguridad pública de la que eran empleados. La Asociación de guías penitenciarios mayoritaria en el sector no tardó en amenazar con declararse en resistencia ante esta situación.
Apunte final con respecto a la crisis del Covid-19
Dentro del contexto de la crisis del Covid-19, el sistema penitenciario es uno de los eslabones más débiles, pues inclusive en la llamada Cárcel 4 de Quito (Centro de retención de expolicías y políticos) que cuenta con un número muy reducido de detenidos, ya constan 4 casos de contagio según fuentes extraoficiales. Esto puede dar una idea sobre la situación del resto de penales que cuentan con una situación bastante más compleja, como pudieran ser el penal de Cotopaxi, la penitenciaría del Litoral, la cárcel del Turi en Azuay etc. Por el momento ya se han registrado distintos amotinamientos de presos a lo largo de la geografía ecuatoriana, y parece inminente un estallido que colapse de forma definitiva el sistema penitenciario del país.
