Desde el 24 de mayo de 2017, tras una contienda electoral profundamente polarizada, Lenin Moreno alcanzó la presidencia de la República del Ecuador, lo que suponía el continuismo político con respecto al gobierno anterior liderado por Rafael Correa. Sin embargo, una vez en el poder, optó por una vía propia distanciándose de los postulados de su predecesor y siendo más receptivo a las recomendaciones económicas del Fondo Monetario Internacional.

 

La legislatura no ha sido sencilla para Moreno, pues los recortes presupuestarios en inversión pública han caracterizado la política económica de su gobierno año tras año; lo que ha supuesto un freno drástico en la construcción de infraestructuras, despidos masivos en el sector público y un aumento de la pobreza y la desigualdad, creando auténticos dramas sociales especialmente en áreas rurales y un aumento exponencial de la economía informal en las grandes ciudades.  A todo lo anterior hay que sumarle un aumento de la inseguridad en el país, con una subida continuada de los índices de distintos delitos cometidos en el territorio nacional.

La credibilidad y popularidad de Moreno ha ido descendiendo progresivamente durante la legislatura, pero llegó a su mínimo tras el masivo paro nacional de 14 días de duración del mes de octubre llevado a cabo por diversos sectores sociales, entre los que destacó especialmente el movimiento indígena. Dicho levantamiento sucedió a raíz de la implantación del Decreto 883, comúnmente conocido como “el paquetazo”, que además de la eliminación del subsidio al diésel y la gasolina (esta fue sin duda la medida más impopular), incluía otras reformas de corte neoliberal.

El paro nacional de octubre marcó un antes y un después para el gobierno de Moreno, trayendo consigo una grave crisis política y judicial debido a que trascendieron diversos casos de uso excesivo de la fuerza por parte del estado durante el paro y la persecución política de destacados políticos opositores del gobierno, tal y como constató el informe de la CIDH del día 14 de enero de 2020.

Este contexto político y social  (en el que hay que incluir el desarrollo del “Caso Sobornos”, que implicaba la posible inhabilitación para la próxima cita electoral del expresidente Correa) marcó la agenda pública y mediática hasta el 29 de febrero, día en el que se confirmó el primer caso de Covid-19 en suelo ecuatoriano, más concretamente en la provincia de Los Ríos, en una ciudadana que llegó al país el día 14 de febrero al Aeropuerto José Joaquín Olmedo de la ciudad de Guayaquil proveniente de España.

 

Evolución de contagios y muertes en Ecuador / vía: El Universo

 

 

Desde ese momento el número de casos se ha disparado de manera exponencial, ubicando a la ciudad porteña como el epicentro de la pandemia en Ecuador. Esta situación ha llevado a la prensa internacional a hacerse eco especialmente de lo que acontece en esta región, destacando informaciones sobre personas fallecidas tendidas en sus domicilios y las calles, además de un colapso total de las empresas de servicios exequiales (algo ciertamente extraño teniendo en cuenta que en todo el país constan 297 fallecidos, ¿qué ocurrirá si se llega a 500?).

La crisis humanitaria que está azotando a la ciudad de Guayaquil y al conjunto de la provincia de Guayas plantea diversos interrogantes sobre la gestión del actual gobierno, y deja en evidencia cuestiones estructurales en torno a la desigualdad social en la llamada “Perla del Pacífico”.

Por contextualizar, Guayaquil es un bastión electoral histórico del partido Socialcristiano (partido conservador), el cual lleva dos décadas implementando un modelo exitoso en datos macroeconómicos, pero muy ineficaz a la hora de satisfacer necesidades básicas de los sectores más populares de la urbe porteña.

Este modelo ha hecho de Guayaquil una de las ciudades más desiguales del país, generando altos niveles de pobreza, inseguridad y hacinamiento. Un ejemplo de esto es El Suburbio y El Guasmo, donde familias numerosas conviven en espacios reducidos con una temperatura media que ronda los 30 grados y un índice de humedad más que considerable. Estos factores sin duda han influido de forma directa sobre el aumento sin frenos de casos de Covid-19 en la ciudad.

La atención médica que los afectados de este tipo de parroquias está recibiendo es muy deficitaria -por no decir inexistente-, tal y como afirma Freddy Carrión, actual defensor del Pueblo que, además exige responsabilidades políticas por dejar que “la gente muera en sus casas sin ser atendidas”.

Muchos sectores, incluida la prensa afín al ejecutivo de Moreno, se preguntan si ante una situación como la que se veía en países como Italia y España era conveniente priorizar el pago de 324 millones de dólares de deuda externa el día 24 de marzo, ya que se efectuó después de haber anunciado un fuerte recorte presupuestario de 1.400 millones apenas quince días antes. Si a esto le sumamos el despido en 2019 de al menos 3.000 profesionales de la salud, los interrogantes en torno a las responsabilidades del gobierno crecen de forma mayúscula.

Las manifestaciones del gobierno han sido optimistas ante la aparente situación de desbordamiento, y alegan haber tomado las medidas correctas para combatir el virus como la suspensión de la jornada laboral presencial (ampliada hasta el lunes 12 de abril), el cierre de fronteras o los toques de queda a partir de las 16:00 y posteriormente a partir de las 14:00. A pesar de todo ello, las redes sociales (#CoronavirusEcuador) y la prensa internacional siguen viralizando una cara bastante diferente y poco halagüeña de esta crisis.

Con este contexto general y los medios que existen actualmente cada uno podrá juzgar de acuerdo a su criterio si el país de la mitad del mundo tiene motivos o no para ser optimista.

 

 


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