La creciente ola de violencia atribuida a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha prendido las alarmas de la comunidad internacional quienes insisten que se debe retomar la mesa de negociación en La Habana, Cuba. Entre tanto, el Gobierno colombiano ha cercado toda posibilidad de negociación siempre y cuando el grupo guerrillero libere a todos los secuestrados en su poder y suspendan las actividades militares.


 

A dos años de la firma de la paz con la guerrilla de las FARC, el ELN sigue los pasos del otrora grupo guerrillero a través de seis grandes frentes de guerra: Norte, Darío Ramírez Castro, Nororiental, Oriental, Occidental y Suroccidental. Historicamente las FARC durante el desarrollo del conflicto armado fue superior en comparación con el ELN, en terminos de pie de fuerza, ataques terroristas y armamento. Esto ha creado un nuevo juego o una nueva situación de conflicto. En este sentido el aprendizaje y adaptación del ELN ha sido clave, pues de esto depende su supervivencia y expansión como organización armada.

Sin la presencia de las FARC en la geografía colombiana, la guerrilla del ELN ocupó el rótulo que anteriormente tenían los farianos, y es el de ser la principal guerrilla activa en el país. Esta guerrilla fundada en un nacionalismo marxista-leninista, sigue un precedente de lucha abonado por las FARC, y es el lucrativo negocio del narcotráfico, el control territorial, el secuestro, la extorsión, la minería ilegal y los ataques contra la infraestructura petrolera. Este paquete hace parte del portafolio de economía criminal que pone a prueba el poderío y control de cada organización. En algunos casos se han pactado luchas a muerte por la disputa de portafolios de economía criminal junto con otras estructuras armadas independiente de su ideología.

Actualmente, las zonas que abandonó las FARC gracias al acuerdo de paz ahora son dominadas expansivamente por bloques del ELN, disidencias de FARC o reductos de otros grupos guerrilleros o crimen organizado. En esta nueva radiografia del conflicto, las organizaciones guerrilleras han mimetizado el accionar de los barones electorales, es decir, ejercen el control político a través del control armado, y a partir de allí ofrecen servicios de tributación.

Las rentas ilícitas que se derivan de estas practicas hace que las diferentes estructuras del ELN se radicalicen y sufran una suerte de depredación por posicionamiento. Hace mucho que el ELN se despojó de su postura inicial de oposición a la participación en la cadena y producción de narcotráfico para convertirse en uno de los principales actores en el negocio de los estupefacientes en Colombia, a la vez que controla lucrativas operaciones de minería ilegal. En lugar de renunciar a estas fuentes de ingreso, a medida que transcurrían las negociaciones de paz, los frentes elenos se dedicaron a consolidar e incluso a expandir su poder en áreas importantes en terreno nacional e internacional, como es el caso de Venezuela.

El ELN no se habría expandido tanto militarmente porque en su inicio no puso sus ojos en el negocio de la droga, con el agravante de la presencia del paramilitarismo en los años 90 que repelió en conjuntamente el accionar de las guerrillas de FARC y ELN para luego adoptar las mismas prácticas extorsivas y de crimen organizado de los grupos guerrilleros. Al respecto, existe documentación que evidencia que entre los grupos guerrilleros existieron diferencias, tanto así, que llegaban a depredarse entre ellos. Se ha documentado que el ELN empieza a tener cercanía con el negocio del narcotráfico en la decada de los 90, cuando empieza el auge de producción de coca en el país hacia Estados Unidos.

La creciente fragilidad de los dialogos de paz ha hecho que el grupo guerrillero haya ganado espacio territorial y presencia en Colombia y Venezuela, aprovechando el éxodo migratorio de venezolanos en la región. De acuerdo con las diferentes denuncias, el ELN a través del frente Domingo Láin Sáenz que opera en frontera recluta a migrantes de ese país por un valor que varía entre USD 100 – 300, e incluso se documenta la infiltración de los elenos en el territorio para así lograr la captación de niños que viven en condiciones de alta vulnerabilidad. A raíz de la crisis humanitaria, los grupos guerrilleros y las bandas criminales que operan en la zona les ofrecen oportunidades de ingresos que escasamente tendrían en su país. Como resultado, se ha cimentado el camino para una nueva era de actores criminales y de violencia.

Degradación

A principio de año, el jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán, aseguraba que durante los 101 días del cese al fuego bilateral cumplieron a raja tabla lo acordado, sin embargo, esta guerrilla continuaba a través de sus diferentes bloques asesinando y volando oleoductos. El argumento del grupo guerrillero es que durante los 101 días del cese pactados a finales de 2017 estuvieron en peligro con las operaciones de registro y control realizadas por los militares en los sectores de mayor presencia del grupo guerrillero.

El caso que estremeció al país fue el asesinato en pleno cese bilateral del gobernador indígena Aulio Isarama Forastero del resguardo Catru Dubaza Ancoso del municipio de Alto Baudó en el departamento del Chocó.

Al parecer el cese al fuego sirvió de retaguardia organizacional, descanso y capacitación militar para los guerrilleros. Muchos advertían que en ese periodo se estaba gestando una posible “caguanizacion” del cese bilateral al fuego, haciendo referencia a la Zona de Distención de San Vicente del Caguán en 1999.

En ese año, el expresidente Andrés Pastrana entregó a las FARC 42.000 kilómetros de territorio que tuvo por nombre Zona de Distención de San Vicente del Caguán. A partir del momento que se creó se registró un fortalecimiento militar del grupo guerrillero ya que estaban agrupados en esta zona sin hostigamiento alguno. Sin tener los ojos encima de la Fuerza Pública, las FARC ejecutó; secuestros, requisas, allanamientos, retenciones indebidas de personas, robo de ganado, extorsiones, negociación de secuestros y asesinato de personas.

El efecto de los procesos de dinamización, adaptación y creatividad criminal hacen parte del carácter estratégico de los grupos armados, y el ELN lo entendió muy bien. Semanas antes de terminar el cese difundieron un video de la capacitación de al menos 50 guerrilleros para labores multimisión con el fin de llevar a cabo una arremetida militar una vez terminado el alto al fuego.

“Cada suboficial será la punta de lanza en contra de la paz neoliberal que la oligarquía plantea como única opción siendo un faro de esperanza hacia la liberación del pueblo colombiano”, señalaba uno de los portavoces de la III Escuela de suboficiales Héroes y Mártires del Pacífico Colombiano.

La capacitación sirvió para que los guerrilleros se entrenaran y fortalecieran conocimientos en ideología política, táctica militar, uso adecuado de armas, entre otros.

 

 

El fortalecimiento del grupo guerrillero y su posible atomización e independencia del control jerárquico que ejerce el Comando Central (COCE) frente a las otras estructuras guerrilleras se puso en evidencia tras el rompimiento del cese al fuego en varias ocasiones por varias facciones armadas y el detonante fue el asesinato del gobernador indígena, hecho que sacó a la luz la posible discrepancia que se vive al interior del grupo insurgente.

Otra muestra de la desconexión del Comando Central con las diferentes estructuras fue la reunión de Pablo Beltrán en noviembre de 2017 con el Frente Occidental del ELN. Era la primera vez que el líder guerrillero visitaba a esta estructura que delinque en el departamento del Chocó. Esa guerrilla difundió un video del encuentro, pero se puso en entredicho la línea de mando que ejerce el COCE con la estructura del Frente de Guerra Occidental Omar Gómez que tiende a ser uno de los más radicales. 

La complejidad del conflicto armado colombiano y la interacción entre los líderes más notorios hace que la mayoría de veces se ejerzan liderazgos autónomos.

En este punto, cabe destacar el papel del terror por parte de los grupos que se disputan el territorio y las rentas que se derivan de su presencia en el lugar. La estrategia, por ejemplo, del ELN de copar suelo venezolano implica nuevos modelos de expansión antecedente. La movilidad y fluidez que habían adquirido las guerrillas colombianas en Venezuela no había tenido tanta tensión hasta la reciente masacre de 16 personas en la zona minera de Venezuela y el posterior asesinato de elementos de la Guardia Nacional Bolivariana. El pasado 14 de octubre, presuntos guerrilleros del ELN emboscaron a un grupo de mineros de la zona El Bochinche, municipio de Sifontes estado de Bolívar, en la frontera entre Venezuela y Guyana.

De acuerdo con distintas versiones, se reportó la muerte de siete personas, todos con orificios de bala en la cabeza. Además, se habló también de la desaparición de 16 mineros más. Pese a que es frecuente las masacres en la zona a raíz de la rivalidad de estructuras dedicadas al crimen y a la extracción ilegal de minerales y oro, el ELN con esta acción pareciera que también quiere tener su parte en la “guerra del oro”. El pranato minero, o los pranes, es una especie de asociación mafiosa que gira en torno a la actividad minera que entrega comisiones a los gobernadores locales en ese país a cambio de guardar silencio.

Desde hace un año el ELN estaría controlando la explotación de coltán y de diamantes en el municipio de Cedeño en el estado de Bolívar, con la experiencia en Colombia los elenos han podido ganarse la confianza del Gobierno bolivariano que ven en el grupo guerrillero una organización en la que pueden confiar frente a la rebelión del pranato minero. Este “clientelismo armado” radica en parte a los contratos de seguridad, tributación exigida en condiciones de conflicto a cambio de protección que hace parte de la amplia red de contratos e intercambios que se han generado de manera espontánea.

De manera simultanea, las acciones militares del ELN se centran un paralelismo entre Colombia y Venezuela. Sin embargo, mientras han sido combatidas históricamente en el país cafetero, las autoridades señalan que hay una co-responsabilidad del Gobierno de Nicolás Maduro en la presencia del grupo guerrillero en el país. El presunto “beneplacito” de Maduro ha sido denunciado por el presidente colombiano Iván Duque, quien estima que no habrá dialogo mientras persista la escalada militar.

Sin embargo, este maridaje entre el ELN y Venezuela se agudizó el pasado 4 de noviembre luego de la arremetida de un sector radical del ELN en el estado Amazonas en el que murieron tres militares de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y otros 10 resultaron heridos. El Gobierno de ese país calificó el hecho como una emboscada de “grupos paramilitares”, pero no explicaron en ningún momento si se trató efectivamente de la incursión militar del ELN. El silencio del Gobierno venezolano apunta a ocultar las relaciones que habrían con los altos mandos militares “Cartel de los Soles” y políticos chavistas.

 

 

A esto se suma la presión del Gobierno colombiano sobre este grupo criminal, al descartar un cese al fuego, por ahora, ha impulsado a los elenos a buscar “refugio” al otro lado del frontera, pudiendo así penetrar sin mayores obstáculos cerca de 1.500 kilómetros desde la frontera colombiana hacia el vecino país. De acuerdo con un monitoreo local de la organización Insight Crime, la organización guerrillera tiene presencia en al menos 12 estados de Venezuela.

Anzoátegui, Lara, Falcón, Amazonas, Táchira, Zulia, Apure, Trujillo, Barinas, Portuguesa, Guárico y Bolívar, son algunos estados donde se estarían llevando a cabo actividades como contrabando de ganado, contrabando de gasolina, cobro de extorsiones, distribución de alimentos CLAP, manejo de emisoras de radio, reclutamiento de menores, ataques a funcionarios de cuerpos de seguridad, narcotráfico y minería ilegal, entre otras.

Basicamente la organización guerrillera pretende equiparar todo corredor que desde Colombia desemboque a Venezuela con el fin de controlar el negocio criminal. La masacre del pasado mes agosto puso en evidencia esta realidad. El 30 de julio, un grupo de 10 hombres armados abrió fuego a plena luz del día en un sitio de billar en el municipio de El Tarra, departamento fronterizo de Norte de Santander en Colombia. Entre las víctimas se registró dos desmovilizados de las FARC y un líder social del municipio.

Pese a que el ELN negó su participación, se explicó que el ataque se debió en parte a una retaliación por la presunta suma de disidentes de FARC a las filas de la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL) también llamados Los Pelusos. Esta región de Colombia registró un escalamiento de la violencia sin precedentes en el curso del 2018 a manos de estas organizaciones por el control del narcotráfico.

“El EPL comporta grandes deformaciones y desviaciones, que interrogan su carácter y condición de organización insurgente y revolucionaria. El EPL no cuenta con un mando centralizado, responsable y serio, capaz de asumir el control de su gente, para redireccionarlo en favor de la región y la defensa de los intereses populares”, señaló el ELN en un comunicado.

La ubicación de la región Catatumbo en Colombia, que comparte frontera con Venezuela, se ha convertido en un botín de guerra. Esta zona es de las más rentables, ya que se ha convertido en uno de los corredores más importantes donde transita la mayor parte de estupefacientes que pretenden emigrar hacia el norte de América y otros países. Al mismo tiempo, el Catatumbo se destaca por tener una de las cosechas mas altas del país cuando se refiere a hoja de coca según el ultimo informe de la UNODC, y de producción de cocaína, razón por la cual estos dos grupos se enfrentan para hacerse cargo como eje central de actividades y nuevos cambios en las dinámicas de control criminal.

Otras actividades lucrativas en la zona son los impuestos al paso de mercancías de contrabando y la extorsión como garantía de fuente criminal. A pesar de la firma de la paz con las FARC, estas regiones de Colombia pueden definirse como agujeros negros, dado que persiste la geografía del olvido por parte del Estado lo que permite que confluyan organizaciones criminales sin importar sus fines sino sus medios.

Las denuncias de la imputación de “Estado mafioso” a Venezuela hace que el transito hacia ese país pase inadvertido. Las diferentes estructuras que operan en la frontera han encontrado el lugar perfecto para buscar protección ante la hostilidad política en Colombia y así poder expandir su sus operaciones y fortalecer su ejército. Finalmente, dependerá del ELN si continuan mimetizando acciones heredadas de otros grupos guerrilleros como las FARC para asegurar una larga vida o capacidad comprobada de supervivencia como organización armada, lo que implica superar las contradicciones internas y la necesidad de una articulación clara y continua de objetivos de expansión.

 

Proceso de paz

Con el nombramiento como jefe negociador del máximo comandante del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, mejor conocido con el alias de Gabino, se busca levantar la circular roja de Interpol en su contra. Pese al nombramiento, el Gobierno colombiano ha insistido a las autoridades cubanas hacer efectiva la circular roja de Interpol quien se encuentra en la isla, según información de inteligencia militar.

La fragilidad de los acuerdos, la tensión entre el Gobierno colombiano y la radicalización de algunas de sus bases guerrilleras hace que en el corto plazo sea difícil que se reanude el quinto ciclo de negociación de paz en la isla.

 

 

El ELN en su diario oficial “Insurrección” ha sostenido que la negociación de paz puede venirse abajo por la violencia. Por ahora, y en parte al escalamiento de la violencia parece impensable una desmovilización total del grupo guerrillero, esto lo confirma el desinterés de algunas bases guerrilleras para lograr la paz.

Entre las estructuras que se oponen al proceso de paz está el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez con presencia en el departamento de Chocó, ubicado en la costa Pacífica del país, responsable de los seis secuestros recientes. Las mismas estructuras del ELN que más se han opuesto a sus líderes y han puesto en riesgo el proceso durante años -al seguir secuestrando, violando el cese el fuego bilateral y llevando a cabo ataques armados- son algunas de las que cuentan con las finanzas criminales más solidas.

Las debilidades en las conversaciones de paz con el Gobierno pueden consolidar el escepticismo de estas estructuras y llevarlas a querer dominar los portafolios de economía criminal. Esto llevaría como resultado a perpetuar la continuación de luchas por la conquista de territorios.